El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico, Omar Marrero, catalogó de eficiente el trabajo de la operadora Metropistas, subsidiaria de la empresa española Abertis, a cargo de la PR-22 (Expreso De Diego) y la PR-5 desde el 2011.
Cabe destacar que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) del país privatizó las carreteras a cambio de US$1.100 millones para saldar la deuda de la entidad gubernamental, lo cual no se logró. Luego, en el 2016, el gobierno de Alejandro García Padilla extendió el contrato de concesión de las autopistas locales por una década más, hasta 2061, a cambio de US$116 millones. Para alcanzar ese acuerdo, la ACT aceptó reducir el porcentaje de ingresos por peaje que le tocaba de un 50% al 25%.
A juicio de Marrero y dada la crisis fiscal que atraviesa la isla, estas acciones han sido necesarias para poder invertir dinero, reparar y modernizar la infraestructura de los 90 kilómetros de carretera que Metropistas administra, sin afectar el capital limitado con el que cuenta la Isla. La empresa española también es la matriz de Autopistas de Puerto Rico, que maneja los 2 kilómetros del Puente Teodoro Moscoso desde su construcción en 1994.
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“El gobierno no hubiese podido poner al día las autopistas y por eso se concesionaron esos activos públicos. En estos contratos se incluye que se tienen que poner al día con la deuda existente, como la de utilidades. Tienen que pagar todos los gastos operacionales y correr con todas las mejoras”, comentó Marrero.
El también director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción detalló que el contrato de concesión estipulaba que la empresa debía ejecutar unas mejoras aceleradas relacionadas a seguridad, rotulación, sistema de iluminación, barreras o vallas de seguridad, repavimentación y reconstrucción de puentes y demás estructuras, en un plazo de cinco años a partir de ser otorgado.
Recientemente, el principal ejecutivo de Metropistas, Gonzalo Alcalde, indicó que la inversión acumulada durante los siete años asciende a US$139.4 millones, de los cuales US$69 millones corresponden al programa de Mejoras Aceleradas.
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