La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) busca retomar la construcción del viaducto La Raza-Indios Verdes- Santa Clara, que va , desde Ciudad de México hasta Edomex. La obra está detenida desde setiembre del 2017 porque se rechazó su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
En el sexenio anterior, el viaducto de 9.7 km se adjudicó y otorgó en concesión por 30 años a Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), quien posteriormente creó una nueva sociedad con GBM Infraestructura Carretera para hacerse cargo.
En el informe anual del 2019 de Pinfra, difundido el pasado 3 de julio, la empresa informa: “El viaducto es uno de los 61 proyectos incluidos en el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura con el Sector Privado que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se llevó a cabo una reunión con Ricardo Erazo (director de Concesiones de la SCT), quien expuso la voluntad de ejecutar la obra y se le expusieron los impedimentos que se tienen a la fecha, indicando en dicha reunión que se harían las gestiones correspondientes para iniciar a la brevedad con la obra”.
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De acuerdo con el documento de inversiones privadas, el segundo piso de la caseta de Indios Verdes a la caseta de la autopista México-Pachuca requiere de una inversión de 7,560 millones de pesos (USD335.3 millones) y debe iniciar este año 2020, aunque no detallaba que la concesión está ahora en poder de la empresa Concesionaria Viaducto Indios Verdes (COVIVE), creada en junio del 2016 entre PINFRA (con participación del 55%) y GBM Infraestructura Carretera con el resto.
También se detalla que el 18 de marzo del 2020 se realizó otra reunión de seguimiento en la que participó el director de Obras de la Ciudad de México, Hugo Flores y “el secretario de Obras”. Durante el encuentro, también se habló de “la adecuación del trazo del Viaducto La Raza-Indios Verdes-Santa Clara, en la zona del Cetram”. Una vez que se tengan las aprobaciones de los gobiernos estatales involucrados, Pinfra dice que ingresará una nueva MIA a la Semarnat.
Fuente: El Economista
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