Los diputados de 
Guatemala no aprobaron el proyecto de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje, que sería el primer proyecto que se ejecutaría bajo la modalidad de Alianza Público Privada (APP).
Solo 32 diputados votaron a favor, 50 en contra y 76 estuvieron ausentes. El artículo 117 de la Ley Orgánica confirma que el proyecto fue desechado, al no avanzar en su aprobación. Con esta acción, el proyecto quedó sepultado y se tendría que presentar una nueva iniciativa para poder darle vida a ese proyecto, que tenía un costo de inversión de US$80 millones.
El proyecto contaba con el apoyo de la Millennium Challenge Corporation (MCC), una agencia de Estados Unidos para el desarrollo de proyectos en países pobres y en vías de desarrollo, la cual envió una carta donde da como ultimátum el 31 de octubre para que el Congreso aprobara la obra de Puerto Quetzal o de lo contrario retiraría el apoyo para el proyecto de Metrorriel.
El ministro de Finanzas y presidente de Anadie, Víctor Martínez, expuso que es preocupante la decisión que adoptó el Congreso.
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Indicó que ahora se tendrán que utilizar fondos públicos para la construcción de la carretera y que generará presión fiscal, ya que no se programaron recursos para el mantenimiento de la carretera.
El funcionario explicó que se asignaron Q1 mil 300 millones de inversión para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) para 2020 y citó como ejemplo que el 40% se utilizarían para la construcción de la autopista, cuando lo podría desarrollar un privado y a la vez estimular la economía y generar empleo.
En todo caso, dijo, será una decisión que corresponde al CIV, en el sentido de hacer una estimación de la obra y que otras consecuencias podría tener con la firma que se le adjudicó.
La obra consistía en la mejora, rehabilitación, construcción, operación y mantenimiento del tramo carretero. En este proyecto se proyectaba la generación de 1.700 empleos durante la fase de preconstrucción y construcción y 400, en la operación.
Guatemala no aprobaron el proyecto de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje, que sería el primer proyecto que se ejecutaría bajo la modalidad de Alianza Público Privada (APP).
Solo 32 diputados votaron a favor, 50 en contra y 76 estuvieron ausentes. El artículo 117 de la Ley Orgánica confirma que el proyecto fue desechado, al no avanzar en su aprobación. Con esta acción, el proyecto quedó sepultado y se tendría que presentar una nueva iniciativa para poder darle vida a ese proyecto, que tenía un costo de inversión de US$80 millones.
El proyecto contaba con el apoyo de la Millennium Challenge Corporation (MCC), una agencia de Estados Unidos para el desarrollo de proyectos en países pobres y en vías de desarrollo, la cual envió una carta donde da como ultimátum el 31 de octubre para que el Congreso aprobara la obra de Puerto Quetzal o de lo contrario retiraría el apoyo para el proyecto de Metrorriel.
El ministro de Finanzas y presidente de Anadie, Víctor Martínez, expuso que es preocupante la decisión que adoptó el Congreso.
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Indicó que ahora se tendrán que utilizar fondos públicos para la construcción de la carretera y que generará presión fiscal, ya que no se programaron recursos para el mantenimiento de la carretera.
El funcionario explicó que se asignaron Q1 mil 300 millones de inversión para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) para 2020 y citó como ejemplo que el 40% se utilizarían para la construcción de la autopista, cuando lo podría desarrollar un privado y a la vez estimular la economía y generar empleo.
En todo caso, dijo, será una decisión que corresponde al CIV, en el sentido de hacer una estimación de la obra y que otras consecuencias podría tener con la firma que se le adjudicó.
La obra consistía en la mejora, rehabilitación, construcción, operación y mantenimiento del tramo carretero. En este proyecto se proyectaba la generación de 1.700 empleos durante la fase de preconstrucción y construcción y 400, en la operación.
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