Guatemala pagó US$5.7 millones por derechos de vía en 2019

El año pasado, el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) pagó Q44 millones (US$5.7 millones) a propietarios de terrenos privados por derechos de vía para obtener el permiso para la construcción de obras de infraestructura. En el portal Guatecompras figuran 51 pagos; sin embargo, todos los pagos no han sido registrados, pues hasta hoy solo suman Q16 millones 890 mil, cuando solo para la construcción del Libramiento de Chimaltenango fueron necesarios Q30 millones (US$3.9 millones), según el exviceministro del CIV, José Fernando Morales. Para la ampliación a cuatro carriles de la ruta CA9 Norte, que va de Sanarate a El Rancho, se ha pagado Q6 millones 389 mil, mientras que para la ampliación de la CA1 Occidente, desde Nahualá hasta Cuatro Caminos, hay un pago de Q433 mil. También se registran pagos por la construcción del Libramiento de Salcaja, obra del 2014, por Q5.1 millones, para la construcción de una de las tres rotondas sobre la Ruta Nacional 14, Q1 millón 996 mil. Además, para el remozamiento de un tramo de la ruta al Pacífico se pagó Q60 mil 318. Lee también: Colombia inicio proceso de liquidación del Consorcio Ruta del Sol 

Problemas constantes

El conflicto por derechos de vía ocurre cuando un proyecto de infraestructura necesita atravesar por un área privada. Por ejemplo, el Libramiento de Chimaltenango estuvo paralizado durante varios años debido a que la ruta pasaba por áreas privadas. La resistencia a vender los terrenos por parte de algunos propietarios fue tal que el Congreso tuvo que aprobar una legislación declarando el proyecto de beneficio social e interés público para expropiar esos terrenos que al final fueron comprados por el Estado. En otros casos, como la ruta al Atlántico el problema se ha dado porque pobladores construyeron propiedades a la orilla de la ruta sin respetar lo que dice el Reglamento sobre el Derecho de Vía de los Caminos Públicos, vigente desde 1942. Otro ejemplo es la ampliación a cuatro carriles de Sanarate hasta El Rancho donde se ha tenido que desembolsar varios millones de quetzales porque distintas corporaciones municipales de las jurisdicciones por las que pasa la ruta se dedicaron a autorizar construcciones (donde no se debía) e incluso hasta les dotaron de servicios básicos. Para concretar la ampliación el CIV tuvo que resolver 46 conflictos por derechos de vía de los cuales 10 fueron críticos. Morales aseguró que este problema de derechos de vía ya fue resuelto con lo cual la ampliación deberá estar lista a más tardar en abril próximo. En otros casos también ha sido problema de planificación. Por ejemplo, aparte del Libramiento de Chimaltenango, se recuerda el viaducto en Salcajá, cuya parte final estaba en un terreno privado que el dueño se negaba a vender. Las autoridades habían llegado a un acuerdo verbal con la propietaria, pero después de que murió uno de los hijos pedía una cantidad mayor. Para la inauguración del proyecto debieron pasar 10 años. Fuente: Prensa Libre