El proyecto de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal (AEPQ) hubiera sido la primera alianza público-privada en regir en el país. Sin embargo, solo 32 diputados votaron a favor, 50 en contra y 76 estuvieron ausentes.
Convía, el consorcio al que fue adjudicado el proyecto de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal, manifestó su rechazo a la decisión de congresistas de no aprobar el proyecto. Ellos piden regresar el proceso a tercera lectura, pero diputados señalan que eso es ilegal.
Esta semana, la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala denegó un amparo presentado para que en el Congreso conociera de nuevo la aprobación del contrato de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal (AEPQ).
Cabe destacar que el contrato de “Rehabilitación, administración, operación, mantenimiento y obras complementarias de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje” llegó al Congreso en octubre de 2018.
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No fue hasta agosto pasado que la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas del Legislativo emitió dictamen favorable a la propuesta, lo que permitió que la iniciativa fuera conocida por el Pleno, pero el 29 de octubre los diputados improbaron el proyecto.
El proyecto de Alianza Público Privada de 41 kilómetros fue adjudicado en 2018 y generaría 1.700 empleos en la fase de construcción y 400 para la operación.
Se estima que por la ruta transita el 56% de las importaciones y exportaciones guatemaltecas y en un período de 25 años el país podría recibir Q2.8 millardos (US$363.4 millones) durante la administración de Convia.
Ahora con la negación al amparo, promovido por el abogado Alfonso Carrillo, se pierde una nueva oportunidad para que Guatemala apruebe su primer proyecto bajo la modalidad de Alianzas Público Privadas.
Fuente: La República
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