El Poder Judicial de Perú aceptó incluir como terceros civilmente responsables a las cuatro empresas que formaron la concesionaria Interoceánica Sur – tramo 2: Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA). Su gerente era Luiz Fernando de Castro Santos.
La Primera Sala de Apelaciones Anticorrupción declaró fundado el pedido de la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato.
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