La Contraloría identificó una serie de irregularidades en la elaboración y ejecución del contrato de concesión del Tramo 2 de la Carretera Longitudinal de la Sierra, que une diversas zonas de las regiones de Cajamarca y La Libertad, que ocasionaron un perjuicio económico de USD 36.8 millones por el uso de recursos públicos para realizar el Pago Anual por Mantenimiento y Operación (PAMO) y el Pago Anual por Mantenimiento Periódico Inicial (PAMPI) pese a no realizarse contraprestaciones o sin ejecutarse obras por parte del concesionario.
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