Se plantea actualizar ley que nació como medida proteccionista de INC

Se plantea actualizar la Ley 3103, promulgada en 2006 como una medida proteccionista del INC, cuando la estatal era la única cementera de Paraguay. La mencionada Ley nació ante la posibilidad de que se instalen en Paraguay fábricas que no inviertan en una producción integral y que con una mínima inyección de capital entren a competir deslealmente con la INC. Prohibiendo utilizar clínker importado, por lo que las empresas están obligadas a contar con una producción propia de este insumo fundamental. La norma no exceptúa a la INC. Sin embargo, la estatal viene utilizando grandes cantidades del insumo extranjero, tal es así que, de las 550.000 toneladas de cemento que produjo aproximadamente en 2017 (11 millones de bolsas), más del 50% lo hizo con clínker de procedencia uruguaya, española y hasta griega. El diputado Édgar Acosta Alcaraz (PLRA), expresidente de la INC, expresó que ese volumen de importación muestra la ineficiencia de la empresa pública. La Ley 3103/06 que viola la INC; sin embargo, tiene que ser cumplida por Yguazú, que es la única competidora de la empresa pública desde 2013, año en que empezó a producir. Esto, según sostienen en el sector de la construcción, es una clara competencia desleal. Al respecto, Acosta Alcaraz opinó que ya es hora de revisar la mencionada ley: “La ley no tendría por qué impedir importar a una empresa privada que se dedica al mismo rubro. Es momento de analizar por qué no se permite a industrias cementeras que operan en Paraguay la posibilidad de importar clínker. Siempre es importante que en el país cuidemos a las empresas que están dando mano de obra y no es bueno que tengamos una competencia desleal”, dijo. Para el gerente general de Yguazú Cementos, Matías Cardarelli, la Ley 3103/06 debe ser actualizada; debe ser reglamentada para que toda industria cementera con producción integral instalada en Paraguay pueda importar al menos 20% del volumen total de su producción. Cardarelli agregó que Yguazú tiene al menos US$ 180 millones invertidos en su planta, ubicada en Villa Hayes, pero aún así recibe un trato diferente al que dan a la estatal. Por su parte, el presidente de INC, Jorge Méndez, negó que la empresa esté violando la norma y argumentó que, como “la ley no es retroactiva y salió después de que la INC ya estaba (operando)”, no aplica para ella sino para “futuras industrias”. Sobre la competencia desleal se limitó a decir que “hay que respetar la ley, no es una decisión”. Fuente: ABC color