La Procuraduría Delegada para la Función Pública solicitó la revisión de 8 contratos de infraestructura vial que ascienden a los $384 mil millones de pesos.
Asimismo, el Ministerio Público ha señalado que las licitaciones de estas vías cuentan con varias irregularidades en el proceso de adjudicación de las mismas.
¿Cuáles son las obras que están en la mira? La primera es el contrato para la construcción del puente sobre el río Ariari en la vía que comunica a los municipios de El Castillo y San Luis de Cubarral, en el departamento del Meta.
La obra estimada en $65.896 millones de pesos, según la Procuraduría, no puede seguir su curso debido a que existen observaciones que fueron desatendidas para su adjudicación.
Otra obra se encuentra en el departamento de Córdoba y pretende el mejoramiento de la vía entre los municipios de Ciénaga de Oro – Chima y Tuchín, cuyo valor asciende a $102 mil millones de pesos. La obra debería ser suspendida debido a que existen observaciones que no se han cumplido por parte de los ejecutores de la obra, y que llevaron a la revocatoria del proceso de licitación el pasado 15 de febrero.
En el departamento de Boyacá, la Procuraduría también solicitó la suspensión del proyecto de pavimentación de la vía Sutamarchán – La Punta del Llano, que comunica con los municipios de Villa de Leyva y Santa Sofía. Este contrato se estima en $11.534 millones de pesos.
Mientras en el departamento de Sucre, por un valor de $149.943 millones de pesos, el proyecto de mejoramiento del pavimento asfáltico de la vía Las Tablitas – San Marcos, ubicada entre los municipios de El Roble, Caimito y San Marcos, también debería ser analizado detalladamente. El proceso de dicha licitación fue revocado el pasado 23 de febrero por varias irregularidades.
El valor total de las ocho obras asciende a $384.363.206.711 millones de pesos, los cuales estarían en riesgo de acuerdo con la Procuraduría. Además, el procurador Fernando Carrillo ordenó la creación de un sistema de vigilancia junto con la Cámara Colombiana de la Infraestructura, para hacer el seguimiento a todas las obras de infraestructura vial en el país.
Fuente: El Espectador
La Procuraduría Delegada para la Función Pública solicitó la revisión de 8 contratos de infraestructura vial que ascienden a los $384 mil millones de pesos.
Asimismo, el Ministerio Público ha señalado que las licitaciones de estas vías cuentan con varias irregularidades en el proceso de adjudicación de las mismas.
¿Cuáles son las obras que están en la mira? La primera es el contrato para la construcción del puente sobre el río Ariari en la vía que comunica a los municipios de El Castillo y San Luis de Cubarral, en el departamento del Meta.
La obra estimada en $65.896 millones de pesos, según la Procuraduría, no puede seguir su curso debido a que existen observaciones que fueron desatendidas para su adjudicación.
Otra obra se encuentra en el departamento de Córdoba y pretende el mejoramiento de la vía entre los municipios de Ciénaga de Oro – Chima y Tuchín, cuyo valor asciende a $102 mil millones de pesos. La obra debería ser suspendida debido a que existen observaciones que no se han cumplido por parte de los ejecutores de la obra, y que llevaron a la revocatoria del proceso de licitación el pasado 15 de febrero.
En el departamento de Boyacá, la Procuraduría también solicitó la suspensión del proyecto de pavimentación de la vía Sutamarchán – La Punta del Llano, que comunica con los municipios de Villa de Leyva y Santa Sofía. Este contrato se estima en $11.534 millones de pesos.
Mientras en el departamento de Sucre, por un valor de $149.943 millones de pesos, el proyecto de mejoramiento del pavimento asfáltico de la vía Las Tablitas – San Marcos, ubicada entre los municipios de El Roble, Caimito y San Marcos, también debería ser analizado detalladamente. El proceso de dicha licitación fue revocado el pasado 23 de febrero por varias irregularidades.
El valor total de las ocho obras asciende a $384.363.206.711 millones de pesos, los cuales estarían en riesgo de acuerdo con la Procuraduría. Además, el procurador Fernando Carrillo ordenó la creación de un sistema de vigilancia junto con la Cámara Colombiana de la Infraestructura, para hacer el seguimiento a todas las obras de infraestructura vial en el país.
Fuente: El Espectador
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