Un año y medio ha pasado desde que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) lanzó la licitación para la ampliación de la carretera Interamericana, entre Santa Cruz y San Carlos, y el contrato todavía no se adjudica.
El proceso ha sufrido varias revisiones, reclamos y acusaciones de favoritismos hacia uno de los consorcios participantes.
El proyecto contempla la ampliación de 22 kilómetros que separan a las poblaciones de Santa Cruz y San Carlos, en Panamá Oeste, parte del segundo tramo del Corredor de las Playas, y que en realidad es la ampliación a seis carriles de la existente carretera Interamericana, además de una serie de circunvalaciones y viaductos que prometen agilizar el tráfico entre la capital del país y el interior.
El Ejecutivo dividió los trabajos en dos contratos y lanzó las dos licitaciones a la vez. El primer tramo, entre La Chorrera y Santa Cruz, fue adjudicado al consorcio FCC - Corredor de las Playas I, quien presentó la oferta económica más baja y se adjudicó el contrato por US$543 millones.
A la licitación del tramo 2 se presentaron los mismos grupos. La oferta de FCC fue de US$349.9 millones, mientras que la del Consorcio Vial II era de US$319.2 millones. Y otra vez, FCC recibió la mejor evaluación total en el concurso gracias a una mejor puntuación en la parte técnica.
Entonces el propio MOP ordenó una nueva evaluación de las propuestas. La misma comisión evaluadora realizó un nuevo análisis y el nuevo informe tenía un resultado similar: FCC obtuvo la mayor puntuación, pero además descalificó la candidatura del Consorcio Vial II por incumplir requisitos mínimos.
Entonces Meco y Cusa presentó una nueva acción de reclamo. Para esta empresa como para Consorcio Vial II, tanto la comisión como el ministro estarían incumpliendo los plazos estipulados en la Ley 22.
El ministro Arosemena ordenó una nueva revisión total de las propuestas, esta vez con una nueva comisión evaluadora. Este tercer análisis (presentado el 2 de mayo) también recomendaba contratar al consorcio FCC - Corredor de las Playas II.
La respuesta hizo que el Consorcio Vial II señalara una actuación “parcializada y a favor del Consorcio FCC - Corredor de las Playas” porque se le aceptaron documentos que modificaban su propuesta original, como si se tratase de una subsanación. Cusa y Meco solicitan a Contrataciones Públicas que anule el informe y ordene un nuevo análisis total con un comité independiente del MOP.
Fuente: La Prensa
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