Observaciones de la Contraloría en la vía Ocaña-Gamarra

La Contraloría General de Colombia halló en la Ruta del Sol II, a la que se le adicionó la vía Ocaña-Gamarra, asuntos penales, disciplinarios y fiscales por 4.729 millones de pesos. Entre estos se encuentran dos hallazgos penales por presunta ilegalidad de los otrosís 3 y 6 del contrato de concesión vinculado con el escándalo de Odebrecht. El ente de control señala el hecho de que el otrosí número 6 (el de Ocaña-Gamarra) fue suscrito siete meses antes del Confis y el Conpes, es decir, sin autorización y sin disponibilidad presupuestal. Agrega el ente que a pesar de no tener relación con el objeto inicial, fue tratado como una adición, adjudicado de manera directa y sin licitación pública. El informe de auditoría de 158 páginas y fechado el 31 de agosto del año pasado, fue enviado al ex director de la ANI, Luis Fernando Andrade, hoy cuestionado penalmente por el escándalo de los sobornos de Odebrecht de que fueron víctimas tanto la Ruta del Sol II como la vía Ocaña-Gamarra, y es suscrito por Julián Polanía, contralor delegado Sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional. El estado actual El ente de control fiscal advierte que la Ruta del Sol, proyecto vial que tiene por objeto unir al Caribe con el interior a través de sus 1.071 kilómetros, tenía con corte a agosto un avance del 51,9%. Y a finales de octubre pasado, en medio del control asumido nuevamente por el Ministerio de Transporte de las obras de la Ruta del Sol II, el titular de la cartera, Germán Cardona, reportó un avance del 52,7%, concretamente en ese tramo 2, que va de Puerto Salgar, Cundinamarca, a San Roque, en Curumaní, Cesar, y que mide 530 kilómetros. En la actualidad, el contrato se encuentra en liquidación, y la ANI, de mayo de 2011 a diciembre de 2016, ha desembolsado por concepto de vigencias futuras 2,65 billones de pesos, y se han realizado pagos por 1,24 billones de pesos. De otro lado, a diciembre de 2016, presentaba un saldo disponible de 1,61 billones de pesos provenientes de las vigencias futuras de 2014 a 2016. Fuente: El Heraldo