Honduras sería demandada por incumplimiento en el Corredor Turístico

Hondura enfrentaría una demanda internacional por el Corredor Turístico. Las constructoras del proyecto se retiraron argumentando que el Estado ha incumplido con el contrato de Alianzas Público-Privadas (APP). En mayo de 2013, la Coalianza adjudicó el proyecto al Consorcio Autopistas del Atlántico, de las constructoras CI Grodco de Colombia, CI Grodco de Panamá y Profesionales de la Construcción (Prodecon) de Honduras. Las obras consisten en la construcción, ampliación y mantenimiento de 122.6 kilómetros de carretera que conectan importantes ciudades en el Litoral Atlántico de Honduras, donde se concentra gran parte de la actividad industrial, comercial y turística. De acuerdo al presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), Juan Carlos Sikaffy, el Corredor Turístico “fue mal diseñado económicamente hablando, y hoy el país tiene una contingencia con las empresas que se contrataron”. Sikaffy detalló que la constructora CI Grodco estaría pidiendo una rescisión del contrato. “Significa que va a pedir que se anule el contrato y que sea indemnizada, porque el Estado no puede cumplir con poner las casetas donde tenía que ponerlas”. Ante este panorama, Sikaffy recomienda cumplir con los lineamientos de la concesión “porque un incumplimiento de contrato es grave para la seguridad jurídica del país. Tenemos que hacerlo”. La obra implica la construcción y administración por 30 años mediante la instalación de casetas de peaje en el tramo carretero, la Barca, Cortés, pasando por el Progreso, Tela, hasta la Ceiba Atlántida. El Dato El Corredor Turístico está valorado en US$171 millones, más de 4 mil 131 millones de lempiras al tipo de cambio de moneda actual. En el proyecto, el banco estadounidense JP Morgan Chase “tiene una inversión importante, que ya está pidiéndole al Estado, porque el mismo garantizó eso. La obra ha sido auditada por la Iniciativa de Transparencia CosT-Honduras, que el año pasado encontró inviable el financiamiento de la obra mediante el cobro de peaje porque no circulan suficientes vehículos por ese tramo carretero. Además, el 2017 la Secretaría de Finanzas reveló que tenía que pagar alrededor de US$11 millones dado que las casetas de peaje no se habían instalado debido a los conflictos generados por la crisis postelectoral. Fuente: La Tribuna