El Gobierno evalúa los efectos de la concesión otorgada a Marhnos durante el gobierno de Álvaro Arzú, calificada por diversos sectores como una de las más “desfavorables” para el Estado. Al concluir la evaluación se prevé suscribir un nuevo contrato con otra empresa privada que continúe con la administración de la autopista Palín-Escuintla, debido a que el contrato con la empresa mexicana Marhnos concluirá en mayo de 2023.
“El concesionario tendrá responsabilidades adicionales y no solo la vía”, explicó Silvia Rivas, coordinadora general de la Unidad de Concesiones del CIV.
La relación contractual entre la Dirección General de Caminos (DGC) y Marhnos –para la operación y mantenimiento de la autopista de 29.6 kilómetros– se inició en 1998, pero el Estado empezó a percibir regalías dos años después. Durante ese tiempo el Gobierno ha recibido Q13.8 millones, de los Q1.3 millardos que el concesionario ha cobrado en peajes por utilizar la carretera, de acuerdo con cifras del CIV. El pago de la “retribución” corresponde al uno por ciento mensual sobre el total de ingresos por cobro de peaje, según consta en el contrato 642-97-DGC.
A criterio del diputado Walter Félix, la concesión de la ruta Palín-Escuintla es un ejemplo de un negocio “negativo” que únicamente benefició a la empresa privada porque el contrato autorizaba incrementar cada semestre las tarifas de peaje, pero el porcentaje de las regalías continuaría igual.
Por su parte, Álvaro Zepeda, representante de la Cámara Guatemalteca de la Construcción ante la Iniciativa de transparencia CoST, consideró que es necesario que en el país hayan más concesiones de infraestructura, toda vez estas sean más beneficiosas para el Estado y no inclinadas en favor de la iniciativa privada.
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