El procurador general de la República, Francisco Barriocanal, exhorta a la Justicia de Paraguay a fallar en contra de las pretensiones de la empresa Cal Agro SA porque afectaría patrimonio del Estado.
Tras 14 años de un fallido contrato con la Industria Nacional del Cemento (INC), la empresa Cal Agro SA pretende cobrarle a la estatal US$13,5 millones por supuestos daños.
En la demanda de “resolución contractual” realizada por Cal Agro, en noviembre de 2004, la firma solicita una indemnización por “daños y perjuicios” contra INC, con base a un supuesto incumplimiento de contrato, el cual finalmente fue anulado. El contrato era para el arrendamiento y explotación de la fábrica y cantera de Vallemí para la producción de cal agrícola, por cinco años.
Según Cal Agro, la INC no le entregó el inmueble objeto de la explotación en el término convenido, lo que le impidió cumplir el contrato y le produjo un supuesto daño de G. 171.426 millones. Lo controversial del caso es que Cal Agro SA se creó en julio de 2004 con capital de G. 4.000 millones, apenas unos meses antes de entablar la demanda.
Todo indica que la firma se creó exclusivamente para el “negocio” con la cementera y al no concretarse, promovió la demanda.
En una primera instancia, la Justicia falló a favor de INC, en abril de 2014, pero en la segunda instancia, con voto de los magistrados Juan Carlos Paredes y Linneo Ynsfrán Saldívar, se falló en contra, en marzo de 2017.
En consecuencia, se impuso a la INC la condena a abonar a Cal Agro SA la suma de G. 74.250.373.120 (US$ 13,5 millones, al cambio actual), más intereses que corren desde el inicio de la demanda.
Según el procurador Barriocanal, los magistrados intervinientes omitieron en forma íntegra muchos de los documentos que se encuentran en el expediente judicial.
Fuente: ABCcolor
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