El gobierno de Gustavo Petro está preparando un grupo de megavías en Colombia que se volverían a entregar en concesión y cuyos contratos actuales están próximos a vencerse.
De acuerdo con la ministra de Transporte, María Constanza García, se trata de corredores que requieren ser trabajados mediante asociaciones público – privadas (APP) y no por obra pública.
La funcionaria explicó que el Gobierno estudia cada uno de los proyectos a contratar, de tal modo que se pueda identificar si es mejor ejecutarlos mediante una APP o directamente con el Instituto Nacional de Vías (Invías).
Megavías que volverán a entregar en concesión
La ministra García informó cuáles son las tres megavías en Colombia que se volverían a entregar en concesión en el corto y mediano plazo.
La primera es la Autopista Medellín – Bogotá, que, desde hace varios años, tiene un contrato a cargo del concesionario Devimed, pero este se encuentra próximo a vencerse.
Para esta iniciativa, se preveía que fuera reemplazada por una denominada Ruta del Agua, pero este año, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) rechazó la propuesta por falta de documentación.
A pesar de lo anterior, la ministra de Transporte confirmó que irá nuevamente por APP, aunque no especificó si será de iniciativa pública o privada.
La segunda es Autopistas del Café, que está a cargo de una concesión de Odinsa Vías, en la cual está Grupo Argos y Macquarie Group. Estas dos compañías le están apostando a renovar el corredor con una nueva licitación, denominada IP Conexión Centro, que incluirá nuevas intervenciones y los mismos peajes que se cobran en la actualidad.
Finalmente, la megavía Sucre – Córdoba se volverá a entregar en concesión como iniciativa privada, con lo cual podría mantenerse en manos de la reconocida empresa KMA construcciones.
No se incrementará el número de peajes
Ahora bien, la ministra de Transporte también confirmó que las nuevas concesiones deberán tener cambios clave frente al modelo que se ha venido usando en los últimos años.
De esta forma, dejó claro que no puede haber un incremento en el número de peajes, es decir, los corredores deben financiarse con las mismas casetas existentes.
Sumado a lo anterior, los contratos deben dejarle un porcentaje de ingreso al Invías para la red vial no concesionada y un porcentaje adicional para las vías secundarias a cargo de las gobernaciones.
Y, finalmente, deben destinarle recursos a una bolsa nacional para la adaptación de la infraestructura al cambio climático.
Fuente: valoraanalitik.com