La Ciudad de Buenos Aires anuló la adjudicación de la empresa Corsán Corviam para la construcción del tramo A del Paseo del Bajo. Esto se debe a las crecientes sospechas del pago de coimas a cambio de obras públicas en América Latina por parte de su firma controlante, la española Isolux Corsán.
Isolux Corsán, en España, se encuentra en pleno proceso de quiebra luego de que se reveló el pago de coimas para conseguir obra pública en México. De ahí que se la comenzó a conocer como "la Odebrecht española".
Desde el punto de vista legal, la Procuración General, cuyo titular es Gabriel Astarloa, ya tiene elaborado el dictamen con el que se terminará el contrato, mediante un mutuo acuerdo, entre el Gobierno y la empresa. Faltaría estipular cómo continuará ese tramo.
En la Ciudad se debaten al menos tres opciones para continuar los trabajos viales frente al río. Volver a llamar a una licitación por la etapa A; adjudicársela a la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por JCR SA y Coarco S.A. o hacerse cargo sin intermediarios.
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En el Gobierno porteño creen que la solución más rápida sería la entrega de la concesión a la UTE JCR-Coarco, que salió tercera de ocho en la competencia de precios, con una oferta más cara. Todo esto tendrá a su vez que ser aprobado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), quien aportó financiamiento por U$S 340 millones para el Paseo. En total la Ciudad estimó un gasto de U$S 650 millones, que por las demoras y la anulación del contrato A podría elevarse entre 10% y 20%.
Fuente: La Nación
La Ciudad de Buenos Aires anuló la adjudicación de la empresa Corsán Corviam para la construcción del tramo A del Paseo del Bajo. Esto se debe a las crecientes sospechas del pago de coimas a cambio de obras públicas en América Latina por parte de su firma controlante, la española Isolux Corsán.
Isolux Corsán, en España, se encuentra en pleno proceso de quiebra luego de que se reveló el pago de coimas para conseguir obra pública en México. De ahí que se la comenzó a conocer como "la Odebrecht española".
Desde el punto de vista legal, la Procuración General, cuyo titular es Gabriel Astarloa, ya tiene elaborado el dictamen con el que se terminará el contrato, mediante un mutuo acuerdo, entre el Gobierno y la empresa. Faltaría estipular cómo continuará ese tramo.
En la Ciudad se debaten al menos tres opciones para continuar los trabajos viales frente al río. Volver a llamar a una licitación por la etapa A; adjudicársela a la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por JCR SA y Coarco S.A. o hacerse cargo sin intermediarios.
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En el Gobierno porteño creen que la solución más rápida sería la entrega de la concesión a la UTE JCR-Coarco, que salió tercera de ocho en la competencia de precios, con una oferta más cara. Todo esto tendrá a su vez que ser aprobado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), quien aportó financiamiento por U$S 340 millones para el Paseo. En total la Ciudad estimó un gasto de U$S 650 millones, que por las demoras y la anulación del contrato A podría elevarse entre 10% y 20%.
Fuente: La Nación
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