El Gobierno de Argentina emitió una nueva regulación para los contratos de asociaciones público-privados (APP) para obras públicas, con el objetivo de agilizar los procesos y generar inversiones por cerca de US$40.000 millones en infraestructura, según informa la agencia Telám, y tal y como informa BNamericas.
Según la nueva normativa, publicada por el Diario Oficial, los contratos se regirán por la Unidad de Participación Público-Privada, que está a cargo del Ministerio de Hacienda.
La regulación incluye controles ambientales y la responsabilidad de los contratistas, además de fijar en un 33% el mínimo obligatorio de bienes y servicios de origen nacional en obras públicas y limitar las facultades de la administración pública.
Los términos en los contratos de APP se establecerán sujeto a las inversiones comprometidas, el financiamiento aplicado al proyecto y una utilidad razonable, aunque no puede exceder los 35 años en ningún caso, incluida cualquier posible extensión del contrato.
La normativa se ha diseñado también para promover la participación directa o indirecta de compañías pequeñas y medianas, así como facilitar el acceso a mercado de capital tanto locales como extranjeros.
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