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En la recta final del sexenio y de la construcción del Tren Maya, que ha sufrido diversas modificaciones sobre la marcha, el Gobierno de México busca dejar precedente para el correcto desarrollo futuro de trenes y carreteras.
Para cumplir dicho objetivo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) elaboró un proyecto de acuerdo que establece las nuevas disposiciones administrativas en materia de planeación de infraestructura carretera y ferroviaria, a través de una prospectiva de proyectos, el cual ya cuenta con la autorización para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Los trabajos, estudios, proyectos de inversión, acciones y demás actividades relativas a la nueva forma de planeación deberán estar alineados al Plan Nacional de Desarrollo y a los programas derivados de este, como los programas nacionales de infraestructura, sin embargo, no se hace alusión a modernizar la estructura legal relacionada que permitan incluir, por ejemplo, los nuevos métodos de construcción ni los avances tecnológicos.
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“Se establece que las actividades de planeación que realicen la Subsecretaría de Infraestructura y sus Unidades Administrativas en materia de infraestructura carretera y ferroviaria estarán relacionadas, al menos, con las siguientes materias: la elaboración de un documento de prospectiva, la toma de decisiones de inversión con base en los resultados y conclusiones contenidos en la prospectiva, las actividades de vigilancia, inspección y verificación, las actividades de mejora continua de los servicios de tránsito y las actividades vinculadas al Programa Especial de Cambio Climático 2020-2024”, detalló la dependencia.También se precisa que el procedimiento para elaborar anualmente la prospectiva de proyectos debe ser con un horizonte de al menos diez años, deseable veinte, un diagnóstico de la situación actual de la red carretera y ferroviaria federales, detalles del entorno económico nacional y la importancia de nueva infraestructura, zonificación basada en variables productivas relativas a la producción de bienes y servicios, la atención a zonas marginadas y detalles de la conectividad de los principales polos de desarrollo, entre otros. Como un candado para evitar el uso de recursos sin justificación, la SICT dejó en claro que no se podrá desarrollar ni instrumentar proyectos de inversión que no estén contemplados en la prospectiva requerida, con excepción de las obras que se consideren prioritarias para el Gobierno Federal. Fuente: El Economista