Guilherme Ramos es director de STO Feiras e Eventos, organizadora del evento BES 2023, la primera feria de equipos de Brasil, que se celebrará en Jaguariúna (SP).
Por Guilherme Ramos
La continuidad de las inversiones en infraestructura es fundamental para sacar adelante a Brasil en 2023 y las noticias, en este caso, son bastante positivas. Lo más destacado es con la iniciativa privada. Datos del diario Valor muestran que la ofensiva de los inversores será fundamental en los próximos años. La publicación recuerda que las concesiones de puertos, carreteras, aeropuertos y ferrocarriles, entre otros, han generado BRL 73 000 millones (más de USD 15 400 millones al cambio actual) en la ampliación y modernización de la infraestructura de estos segmentos desde 2019, cuando se aceleró el proceso. Otros BRL 18 000 millones (más de USD 3700 millones) fueron a parar a las arcas del Gobierno, como resultado del pago de subvenciones.
El peso de la iniciativa privada en el período de 2010 - 2021 es impresionante. En 2010, las inversiones en infraestructuras representaban el 2.46% del PIB y la participación pública era del 57.3% del total. Cinco años después, se produce un vuelco y la iniciativa privada supone el 60.3% de las inversiones, que representan el 2.14% del PIB. En 2020, la iniciativa privada aumentó su participación hasta el 62.9% y, en 2021, volvió a aumentar hasta el 66.4%.
El mismo artículo de Valor recoge la valoración del consultor David Goldberg, de Terrafirma, y la reproduzco íntegra porque resume lo que pensamos y defendemos: "Este es un camino sin retorno, reconocido y reforzado por todos los gobiernos desde los años 90, cuando se produjeron las primeras privatizaciones. Después de todo, la falta de recursos públicos para obras, que obligó al país a romper prejuicios contra la transferencia de activos a la administración privada, es cada vez más flagrante", dice el extracto.
Y eso es lo que se espera del sector transporte en todas sus modalidades. En el área ferroviaria, por ejemplo, las iniciativas están casadas con el flujo de la producción agrícola brasileña. Y también en el área de las autopistas, donde solo la concesión de la Vía Dutra representa un tráfico de camiones que mueve buena parte del PIB brasileño. La concesionaria que gestiona la autopista invertirá casi 15 000 millones de reales (cerca de USD 3100 millones) en los 30 años de renovación de la concesión.
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A nivel estatal, en São Paulo, nos complace la elección de Tarcísio de Freitas. El nuevo gobernador electo trae experiencia de gestión acumulada en el área de infraestructura no solo en el gobierno de Jair Bolsonaro, sino también en los anteriores. Nadie mejor que él personificó las subastas de concesiones de infraestructura, destacando casos históricos como la Cedae, en Río de Janeiro, el paquete aeroportuario y portuario, entre otros.
Al hacerse cargo del estado más rico del país, Tarcísio podrá replicar su papel como gran apalancador de la participación privada en las inversiones en infraestructuras, además de mover los recursos públicos de São Paulo, en una iniciativa compartida y, sobre todo, con una política de estado y no de gobierno, como lo hizo al frente del Ministerio de Infraestructuras.
En el área pública, los expertos señalan inversiones de entre 25 000 y 30 000 millones de reales en obras de infraestructura prioritarias, según el diario Estado de S. Paulo. Los más optimistas hablan de inversiones públicas de hasta 100 000 millones de reales (más de USD 21 000 millones) hasta 2023. Y habría tres frentes para buscar financiación: el PEC de transición, enmiendas parlamentarias al Presupuesto de 2023 y una propuesta de enmienda constitucional que revierta los recursos recaudados en subastas en el área de transportes para reinversión en el propio segmento.
Según Roberto Guimarães, director de planificación y economía de la Asociación Brasileña de Infraestructura e Industrias Básicas (Abdib), la iniciativa de invertir en infraestructura es viable y es posible cambiar las reglas del techo de gastos con responsabilidad fiscal, reduciendo los gastos del gobierno y aumentando las inversiones. Guimarães también apuesta por las asociaciones público-privadas (APP) como solución, según la entrevista que concedió al portal BNamericas.
Este es también nuestro punto de vista: reforzamos la importancia de las inversiones privadas - que esperamos que sean crecientes - y enfatizamos la participación pública en infraestructura, siempre responsable y manteniendo el dinamismo que hemos visto en los últimos cuatro años, con un Ministerio de Infraestructura altamente posicionado a favor del país.
Guilherme Ramos es director de STO Feiras e Eventos, organizadora del evento BES 2023, la primera feria de equipos de Brasil, que se celebrará en Jaguariúna (SP).
Por Guilherme Ramos
La continuidad de las inversiones en infraestructura es fundamental para sacar adelante a Brasil en 2023 y las noticias, en este caso, son bastante positivas. Lo más destacado es con la iniciativa privada. Datos del diario Valor muestran que la ofensiva de los inversores será fundamental en los próximos años. La publicación recuerda que las concesiones de puertos, carreteras, aeropuertos y ferrocarriles, entre otros, han generado BRL 73 000 millones (más de USD 15 400 millones al cambio actual) en la ampliación y modernización de la infraestructura de estos segmentos desde 2019, cuando se aceleró el proceso. Otros BRL 18 000 millones (más de USD 3700 millones) fueron a parar a las arcas del Gobierno, como resultado del pago de subvenciones.
El peso de la iniciativa privada en el período de 2010 - 2021 es impresionante. En 2010, las inversiones en infraestructuras representaban el 2.46% del PIB y la participación pública era del 57.3% del total. Cinco años después, se produce un vuelco y la iniciativa privada supone el 60.3% de las inversiones, que representan el 2.14% del PIB. En 2020, la iniciativa privada aumentó su participación hasta el 62.9% y, en 2021, volvió a aumentar hasta el 66.4%.
El mismo artículo de Valor recoge la valoración del consultor David Goldberg, de Terrafirma, y la reproduzco íntegra porque resume lo que pensamos y defendemos: "Este es un camino sin retorno, reconocido y reforzado por todos los gobiernos desde los años 90, cuando se produjeron las primeras privatizaciones. Después de todo, la falta de recursos públicos para obras, que obligó al país a romper prejuicios contra la transferencia de activos a la administración privada, es cada vez más flagrante", dice el extracto.
Y eso es lo que se espera del sector transporte en todas sus modalidades. En el área ferroviaria, por ejemplo, las iniciativas están casadas con el flujo de la producción agrícola brasileña. Y también en el área de las autopistas, donde solo la concesión de la Vía Dutra representa un tráfico de camiones que mueve buena parte del PIB brasileño. La concesionaria que gestiona la autopista invertirá casi 15 000 millones de reales (cerca de USD 3100 millones) en los 30 años de renovación de la concesión.
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A nivel estatal, en São Paulo, nos complace la elección de Tarcísio de Freitas. El nuevo gobernador electo trae experiencia de gestión acumulada en el área de infraestructura no solo en el gobierno de Jair Bolsonaro, sino también en los anteriores. Nadie mejor que él personificó las subastas de concesiones de infraestructura, destacando casos históricos como la Cedae, en Río de Janeiro, el paquete aeroportuario y portuario, entre otros.
Al hacerse cargo del estado más rico del país, Tarcísio podrá replicar su papel como gran apalancador de la participación privada en las inversiones en infraestructuras, además de mover los recursos públicos de São Paulo, en una iniciativa compartida y, sobre todo, con una política de estado y no de gobierno, como lo hizo al frente del Ministerio de Infraestructuras.
En el área pública, los expertos señalan inversiones de entre 25 000 y 30 000 millones de reales en obras de infraestructura prioritarias, según el diario Estado de S. Paulo. Los más optimistas hablan de inversiones públicas de hasta 100 000 millones de reales (más de USD 21 000 millones) hasta 2023. Y habría tres frentes para buscar financiación: el PEC de transición, enmiendas parlamentarias al Presupuesto de 2023 y una propuesta de enmienda constitucional que revierta los recursos recaudados en subastas en el área de transportes para reinversión en el propio segmento.
Según Roberto Guimarães, director de planificación y economía de la Asociación Brasileña de Infraestructura e Industrias Básicas (Abdib), la iniciativa de invertir en infraestructura es viable y es posible cambiar las reglas del techo de gastos con responsabilidad fiscal, reduciendo los gastos del gobierno y aumentando las inversiones. Guimarães también apuesta por las asociaciones público-privadas (APP) como solución, según la entrevista que concedió al portal BNamericas.
Este es también nuestro punto de vista: reforzamos la importancia de las inversiones privadas - que esperamos que sean crecientes - y enfatizamos la participación pública en infraestructura, siempre responsable y manteniendo el dinamismo que hemos visto en los últimos cuatro años, con un Ministerio de Infraestructura altamente posicionado a favor del país.
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