La contratación fue directa y por recomendación de la Empresa Pública de Cemento de Ecuador (EPCE), compañía creada por el expresidente Rafael Correa en 2010 y que en el 2018 fue liquidada por la gran cantidad de pérdidas que acumuló.
La cementera estatal en Oruro, Bolivia, que recientemente se entregó fue construida
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