¿Quién pagará pagará las deudas de Ruta del Sol II en Colombia?

Foto: Odebrecht / Imagen referencial La ministra de Transporte de Colombia, Ángela María Orozco, explicó que el Gobierno esperará a la decisión del Tribunal de Arbitramento sobre la Ruta del Sol II, tras no llegar a un acuerdo con los bancos sobre el pago de los intereses que hay en el crédito de esta carretera. “No llegamos a un acuerdo. El tribunal va a fallar el 6 de agosto y nos atendremos a lo que diga el Tribunal, que está mirando cómo es la liquidación del contrato. Dentro del marco del tribunal hay tres peritajes, uno que aportó el concesionario, otro que aportó la ANI y un tercero que contrató el Tribunal”, dijo Orozco. Una semana antes, la funcionaria había revelado que el Gobierno planteaba emitir bonos TES para pagar la deuda de 1.2 billón de pesos (US$378 millones), si se lograba que las entidades financieras renunciaran al cobro de los intereses, monto que asciende a 230.000 millones de pesos (US$72.4 millones). Lee también: Colombia logra cierre financiero de Autopista al Mar 2 La ministra recordó que el Estado ya ha hecho pagos a los bancos que financiaron el proyecto, pues se seguían órdenes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para proteger a los llamados terceros de buena fe y porque el Estado ya ha recibo obras de esta obra. De estos pagos, se cancelaron, por ejemplo, 793.000 millones de pesos (US$237.7 millones) en 2017, mientras que 627.000 millones de pesos (US$187.9 millones) se cancelaron a inicios de este año. Orozco explicó que, en términos generales, “lo que dicen los peritajes es que 52% de obra que recibió la Nación tiene un valor que va desde los 5.2 billones a 6 billones de pesos (US$1.798 millones)”. Sin embargo, el alto tribunal será quien defina cuánto es el monto a pagar y quién debe asumir las acreencias.

El conflicto

El Consorcio Ruta del Sol II, integrado por Solarte (5%), Corficolombiana (33%) y Odebrecht (62%), pretende recuperar su inversión después de que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) rescindiera su contrato en febrero de 2017. Previamente en abril de 2016, la firma brasileña formuló una serie de recobros al Estado por supuestos sobrecostos registrados en la obra y los cuales serían responsabilidad de la Agencia Nacional de Infraestructura. Los sobrecostos se estimaban en 798.000 millones de pesos (US$241 millones), pero el monto se elevó luego de la terminación del contrato. Las pretensiones de Odebrecht subieron a 3.8 billones de pesos (US$1.149 millones) con el argumento de que ya no se trataba solo de sobrecostos, sino del costo de la liquidación del contrato. Fuente: La República