La constructora Graña y Montero admitió haber pagado un soborno de 12.5 millones de soles (US$ 3.7 millones) para adjudicarse una obra, en consorcio con otras compañías, durante el Gobierno de Ollanta Humala (2011-2016).
La compañía Graña y Montero inició un proceso de colaboración eficaz con la Fiscalía por sus vínculos con el llamado 'Club de la Construcción', un esquema formado por empresas peruanas y extranjeras para adjudicarse grandes obras de infraestructura mediante el pago de sobornos a las autoridades.
De acuerdo a medios peruanos, Graña y Montero pagó 12.5 millones de soles de un total de 37.5 millones de soles (USD 11 millones) que abonó el Consorcio Vial Quinua, formado además por ICCGSA y EIVI, para adjudicarse la rehabilitación de la carretera Quinua-San Francisco, tramo 2, en la región Ayacucho.
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Los entonces funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la oficina Provías Nacional simularon una licitación y otorgaron la obra al referido consorcio durante la gestión del exministro Carlos Paredes en el Gobierno de Humala, investigado igualmente por presuntos aportes ilegales a sus campañas electorales de 2006 y 2011.
Como parte del acuerdo de colaboración eficaz, Graña y Montero ha proporcionado valiosa información sobre el Club de la Construcción que corrobora los testimonios de otros colaboradores de la Fiscalía, indicó el medio peruano La República.
Algunos de los colaboradores eficaces identificados por el diario son el exasesor del Ministerio de Transportes, Carlos García Alcázar, nombrado por Paredes en septiembre del 2011, y el operador Rodolfo Prialé, quien presuntamente recibía los sobornos y los entregaba al hermano del exministro, José Paredes. Actualmente son investigados por el caso del Club de la Construcción los exfuncionarios del Comité de Licitaciones Roberto Salinas, Renato Caballero y Selvi Ruberto, así como el exdirector de Provías Nacional Raúl Torres.
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"Además de corroborar las declaraciones de los colaboradores eficaces, la información que ha entregado Graña y Montero ha permitido identificar a otras personas y otros hechos", indicaron desde la Fiscalía.
El exdirector de la brasileña Odebrecht en Perú, Jorge Barata, confirmó el pasado 25 de abril ante fiscales peruanos la existencia del 'Club de la construcción' y que su empresa, que ha firmado un acuerdo de colaboración con la Justicia peruana, formó parte de él.
Barata señaló que empresas peruanas con las que participó en consorcio en algunos de esos proyectos estaban al tanto y contribuyeron con los sobornos para obtener las licitaciones.
Peruana Graña y Montero admite soborno por US$3.7 millones
La constructora Graña y Montero admitió haber pagado un soborno de 12.5 millones de soles (US$ 3.7 millones) para adjudicarse una obra, en consorcio con otras compañías, durante el Gobierno de Ollanta Humala (2011-2016).
La compañía Graña y Montero inició un proceso de colaboración eficaz con la Fiscalía por sus vínculos con el llamado 'Club de la Construcción', un esquema formado por empresas peruanas y extranjeras para adjudicarse grandes obras de infraestructura mediante el pago de sobornos a las autoridades.
De acuerdo a medios peruanos, Graña y Montero pagó 12.5 millones de soles de un total de 37.5 millones de soles (USD 11 millones) que abonó el Consorcio Vial Quinua, formado además por ICCGSA y EIVI, para adjudicarse la rehabilitación de la carretera Quinua-San Francisco, tramo 2, en la región Ayacucho.
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Los entonces funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de la oficina Provías Nacional simularon una licitación y otorgaron la obra al referido consorcio durante la gestión del exministro Carlos Paredes en el Gobierno de Humala, investigado igualmente por presuntos aportes ilegales a sus campañas electorales de 2006 y 2011.
Como parte del acuerdo de colaboración eficaz, Graña y Montero ha proporcionado valiosa información sobre el Club de la Construcción que corrobora los testimonios de otros colaboradores de la Fiscalía, indicó el medio peruano La República.
Algunos de los colaboradores eficaces identificados por el diario son el exasesor del Ministerio de Transportes, Carlos García Alcázar, nombrado por Paredes en septiembre del 2011, y el operador Rodolfo Prialé, quien presuntamente recibía los sobornos y los entregaba al hermano del exministro, José Paredes. Actualmente son investigados por el caso del Club de la Construcción los exfuncionarios del Comité de Licitaciones Roberto Salinas, Renato Caballero y Selvi Ruberto, así como el exdirector de Provías Nacional Raúl Torres.
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"Además de corroborar las declaraciones de los colaboradores eficaces, la información que ha entregado Graña y Montero ha permitido identificar a otras personas y otros hechos", indicaron desde la Fiscalía.
El exdirector de la brasileña Odebrecht en Perú, Jorge Barata, confirmó el pasado 25 de abril ante fiscales peruanos la existencia del 'Club de la construcción' y que su empresa, que ha firmado un acuerdo de colaboración con la Justicia peruana, formó parte de él.
Barata señaló que empresas peruanas con las que participó en consorcio en algunos de esos proyectos estaban al tanto y contribuyeron con los sobornos para obtener las licitaciones.
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