México contratará a privados para que supervisen diez APP de carreteras

Debido a la falta de personal especializado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) inició tres procesos de licitación para encontrar a empresas que realicen el control y seguimiento de diez contratos de conservación y mantenimiento carretero adjudicados entre el 2016 y el 2018, bajo el esquema de asociación público-privadas (APP). La modalidad APP se utilizó por primera ocasión en México como alternativa a la falta de recursos públicos e implica una relación entre la dependencia y las constructoras, nacionales e internacionales, por diez años. La inversión del sector privado en tal caso implica un total de 21,662.1 millones de pesos (USD 971.7 millones al cambio actual) y la dependencia los irá pagando anualmente más el beneficio fijado en cada caso. Sin embargo, durante la actual administración, la alternativa APP (y sus variantes) no ha sido considerada para el desarrollo de infraestructura. Por ejemplo, en el caso del Tren Maya, que se iba a desarrollar con una inversión privada cercana al 80%, finalmente pasó a ser financiado totalmente con recursos públicos, incluso para la construcción del tramo 5 del trayecto también se planteó un esquema APP, pero se canceló para apostar por el modelo de obra pública. Lee también: Elementia inaugura planta de cemento en Yucatán, México El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no quiere dejar deudas a la siguiente administración e incluso calificó de abusivo el esquema APP con el cual se desarrolló un hospital en Zumpango, Estado de México, por los pagos que se deben hacer al constructor. En el caso de los trabajos de conservación y mantenimiento para los tramos Campeche-Mérida, Texcoco-Zacatepec, Matehuala-Saltillo, Tampico-Ciudad Victoria y Querétaro-SLP, entre otros, durante el presente año se destinaron 5,125.5 millones de pesos (USD 229.7 millones al cambio actual) de recursos públicos para el pago de los servicios comprometidos y en el proyecto de presupuesto del 2021 se plantea una solicitud de 6,945.3 millones de pesos (USD 311.3 millones). La revisión de los contratos referidos se realizará de octubre a diciembre del presente año e incluirá inspecciones físicas no programadas. Algunas de las tareas de las firmas ganadoras será realizar, como mínimo, dos recorridos semanales por todos los segmentos relacionados a los contratos y si detecta alguna incidencia que afecte al cumplimiento de los estándares o a las condiciones previas establecidas lo deberá notificar, porque ello incidirá en el pago de las estimaciones de las constructoras. Fuente: El Economista