A solicitud de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Banobras canceló la semana pasada las licitaciones que tenía en marcha para contratar a las empresas que se encargarían de los servicios de mantenimiento, rehabilitación y operación (MRO) en los libramientos de Villahermosa (24 km) y Chihuahua (42 km) por diez años e implicaban pagos totales cercanos a los 2000 millones de pesos (USD 112 millones aproximadamente).
Los contratos relacionados, bajo el esquema de pago sujeto al cumplimiento de estándares de desempeño y de acuerdo a la Ley de Asociaciones Público Privada (que fue publicada en el 2012), serían los primeros en su tipo a nivel federal en el sexenio que está por terminar.
El objetivo de la dependencia es destinar los recursos plurianuales ya autorizados, y que provienen del cobro de peajes en casetas, a otros proyectos prioritarios del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que es quien tiene la concesión de los libramientos, y buscar que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) realice los trabajos.
Las licitaciones se pusieron en marcha en abril y mayo, debido a que el mes pasado vencieron los contratos con las empresas que realizaron los servicios mencionados durante los últimos siete años y medio, los cuales requirieron pagos por 1500 millones de pesos (USD 84 millones).
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El oficio de cancelación, con fecha del primero de julio del 2024 y que se debe publicar en CompraNet (plataforma que ha funcionado intermitentemente en las últimas tres semanas), argumenta la consideración de fortalecer la situación financiera y liquidez del Fondo, por lo que se propone liberar los recursos que se utilizarían para la contratación de los servicios de MRO para otros “proyectos prioritarios”, aunque no hay detalles de cuáles.
En el documento público se detalla que la SICT sugirió a Banobras (en su calidad de fiduciario del Fondo) que Capufe realizara los servicios, como lo hace con otras concesiones del Fonadin, entre ellas las autopistas México-Querétaro o México-Cuernavaca, “en cumplimiento a la política pública promovida por el Ejecutivo Federal, encaminada a fortalecer las instituciones públicas del país”. Y, de esa manera, aprovechar su estructura, experiencia técnica y operativa.
En ese proceso de fortalecimiento, el Gobierno federal ya ha manifestado antes su interés de que Capufe pueda encargarse de construir nueva infraestructura carretera, ahora realiza trabajos constructivos solamente en donde tiene contratos de operación y conservación, algunos de ellos bajo el esquema de cumplimiento de estándares de desempeño, como en las autopistas México-Tuxpan o Jala Compostela, en los cuales se ha logrado un eficiente de los recursos públicos, generar fuentes de empleo y ofrecer un mejor servicio a los usuarios.
“Tradicionalmente Capufe emplea esquemas de obra pública para llevar a cabo los trabajos de rehabilitación y mantenimiento necesarios para mantener carreteras en los niveles de servicio requeridos por la SCT (ahora SICT)”, refiere un análisis de Banobras del 2019.
Fuente: El Economista
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