Costa Rica aprueba US$69.7 millones para red vial

Mar, 23/07/2019
Foto: OHL / Imagen referencial En el Primer Debate sobre el tercer presupuesto extraordinario, se aprobó entregar cerca de 40 mil millones de colones (US$69.7 millones) para el Consejo Nacional de Vialidad con la finalidad de mejorar la red vial del país. Los recursos se utilizarán para obras estratégicas como: el fideicomiso San Jose-San Ramón, el programa Topic´s (cuellos de botella), además, de financiar la contrapartida del puente del Saprissa, Circunvalación Norte y rotondas. Se destinarán ¢3.600 millones (US$6.2 millones) a la vía a San Ramón, ₡26.400 millones (US$46 millones) en proyectos de conservación vial, ₡4.500 millones (US$7851.600) en el puente sobre el río Virilla, ruta 32; ₡3.250 millones (US$5.6 millones) para la ampliación de la RN 147 (Lindora); ₡1.300 millones (US$2.2 millones) para el diseño y construcción del puente General Viejo; otros ₡700 millones (US$1.2 millones) se destinarán en la construcción de puentes menores en la ruta nacional 121 San Rafael de Escazú- Ciudad Colón. Además, se tiene previsto invertir unos ₡250 millones (US$436.200) en el puente binacional Sixaola, entre otros. Lee también: Argentina inaugura nuevo tramo de la Ruta 40 en Mendoza La diputada Ana Lucía Delgado Orozco, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios explicó que en este órgano legislativo se aprobó una moción para especificar los proyectos a financiar y los montos correspondientes, mismos que fueron remitidos por el Conavi. El tercer Presupuesto extraordinario permite seguir fortaleciendo:
  • La atención de nuestra niñez en los CEN CINAI, con la contratación de personal en los territorios.
  • Obras viales de ampliación en Guanacaste, Zona Sur, obras prioritarias para mejorar la circulación y seguridad en la carretera San José – San Ramón; así como para el proceso en el intercambio Taras-La Lima, en Cartago.
  • Ampliación de la ruta Lindora-Santa Ana y el Puente General Viejo.
  • Obras de mejoramiento portuario.
  • Programas para beneficiar la actividad agroproductiva.
  • Fortalecimiento de programas en el MEP y de Justicia Restaurativa.
Fuente: El País

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