Consorcio evalúa ceder contrato colombiano "autopista Santana-Neiva"

Concesionario del proyecto colombiano de cuarta generación (4G): “autopista Santana-Neiva”, estaría en los trámites para ceder su contrato, anunció Manuel Felipe Gutiérrez, viceministro de Infraestructura de Colombia. Gutiérrez señaló que el consorcio Aliadas para el Progreso tiene serios problemas financieros, por lo que no han podido avanzar en las obras. “Deberían estar en un avance de alrededor de 31% y están en 5%”, agregó. La concesionaria está integrada por las firmas Carlos Alberto Solarte Solarte S.A.S (62.2%), CASS Constructores –también de los Solarte– (30.7%) y Latinoamericana de Construcciones S.A (7%). “Debido a que los Solarte están imputados, los bancos no le han querido a prestar al proyecto, por lo que han estado atrasados con las obras”, manifestó Gutiérrez. Incluso la Cámara de Comercio de Neiva, junto con los presidentes de las cámaras de comercio de Putumayo, envió una carta al presidente Iván Duque con el fin de definir el futuro de la vía lo más pronto posible. En la misiva, se plantea “ceder el contrato de la concesión a otra empresa, excluyéndola de las multas que tiene Aliadas y ampliando el término de la misma para hacerla viable para quienes se interesen en invertir en esta concesión, ya sea nacional y/o internacionalmente”. Lee también: Colombia crea comisión para priorizar proyectos de infraestructura Gutiérrez confirmó que Eiffage, la firma francesa que está a cargo de construir el nuevo viaducto Chirajara, en la vía al Llano, ha manifestado su interés por la obra. De acuerdo con el funcionario, la decisión está en manos de los Solarte, que son los que tendrían que aceptar cualquier propuesta. “Tenemos que esperar la decisión de los Solarte, y la idea es que eso sea lo más pronto posible en lo que queda del año”, indicó. Por su parte, el consorcio Aliadas para el Progreso dejó claro que no están en quiebra, pero reconoció que no tienen el músculo financiero para sacar adelante el proyecto. A través de un comunicado informaron que: “Actualmente, la concesionaria y el Gobierno Nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), trabajan en posibles alternativas remediales que permitan seguir con las actividades”. Fuente: Portafolio y La Nación