Imagen referencial / Foto: GyM
La Superintendencia de Transporte de Colombia declaró la disolución de la sociedad Ruta del Sol, integrada por Solarte, Corficolombiana y Odebrecht, y la convocó a proceso de liquidación ante la Superintendencia de sociedades, a razón de una situación crítica de orden financiero, jurídico y administrativo.
Concesionaria Ruta del Sol y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), suscribieron el 27 de febrero de 2017, un acuerdo de terminación y liquidación del contrato de Concesión 001 de 2015, que se traduce en Ruta del Sol II encargada del corredor Puerto Salgar-San Roque.
De acuerdo con la superintendenta de Transporte, Carmen Ligia Valderra, a la fecha no se ha logrado determinar cuáles son los activos con lo que cuenta la empresa. Por ello, "la decisión de terminar la relación contractual con las firmas contratistas que incumplieron sus obligaciones con el Estado colombiano tiene como propósito brindar seguridad jurídica y aprovechar el patrimonio de la sociedad para el cumplimiento de sus obligaciones y evitar el detrimento de los acreedores (bancos)".
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En paralelo, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, también informó que el Gobierno Nacional está adelantando el proceso de revisión de un acuerdo conciliatorio con las entidades bancarias que prestaron dinero para la realización de la Ruta del Sol II, ante la liquidación de la misma.
En ese sentido, los bancos que le prestaron al consorcio para construir la Ruta del Sol II tienen una deuda a su favor y sin pagar de US$378 millones de capital (1.2 billones de pesos) y más de US$72.4 millones de intereses (230.000 millones de pesos), siendo estos Itaú, Bancolombia, Davivienda, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco de Bogotá y Banco AV Villas.
“Aún no hay acuerdo, pero que en su lugar que se está estudiando una propuesta por un tercero en la cual no se tomarían en cuenta los intereses ya causados y solo se pagarían $1,2 billones de capital”, explicó la jefe de la cartera de Transporte, quien agregó que la idea es que se condenen los intereses de poco más de 230.000 millones de pesos y se pague solamente el capital de la deuda ya que los bancos han expresado su intención de renunciar a los intereses que se han causado hasta la fecha.
De llegarse a un acuerdo, antes del seis de agosto, este deberá ser avalado por la Procuraduría General de la Nación. A la vez que el Gobierno deberá colocar 1 billón de pesos (US$314 millones) en Títulos de Tesorería (TES) para solventar la deuda con los terceros de buena fe (los siete bancos).
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