La historia de los contratos para obras viales bajo la modalidad de Participación Público-Privada (PPP) se cerró con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los cuatro corredores viales restantes.
En setiembre, el Ministerio de Obras Públicas de Argentina ya había informado que se rescindió los contratos de los corredores E y F.
Los corredores viales restantes son: El corredor A, adjudicado a Paolini, Vial Agro, INC Spa (Italia) que ofertó USD 1002 millones; el corredor B a China Construction America, junto a Green S.A (USD 1175 millones), mientras que el C corresponde a José Cartellone Construcciones Civiles (USD 1086 millones), y el corredor Sur para Rovella Carranza S.A, JCR S.A., Mota-Engil (Portugal), por un monto de USD 699 millones.
El resultado final de la negociación entre el Gobierno y los concesionarios de los corredores A, B, C y Sur consiste en la firma de un “acuerdo mutuo de extinción contractual”, similar al que había suscripto a fines de setiembre el consorcio “Corredor Panamericano”, del grupo Eurnekian, informó Letra P.
Cabe destacar que hoy (30 de noviembre) vence el plazo extra que otorgó el Poder Ejecutivo para que los grupos empresarios presenten el cierre financiero, necesario para apalancar la realización de las obras comprometidas en los contratos a 15 años. Es decir, a partir del martes 1 de diciembre el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas, estaría habilitado a dar por caídos los contratos y pedir la ejecución de las garantías que cada uno de los consorcios constituyó al momento de presentar sus ofertas.
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Entre los cuatro consorcios suman unos USD 450 millones en garantías. Los concesionarios ya habían advertido que la ejecución de las garantías los llevaría a la quiebra.
Por ello, las empresas que operan los corredores acudirán este lunes a Vialidad Nacional para formalizar la finalización anticipada de los PPP que, en los papeles, iban a estar vigentes hasta 2033.
De acuerdo con el medio Letra P, la extinción contractual por mutuo acuerdo que suscribirán las empresas y el Gobierno contempla la devolución parcial y condicionada de las garantías, un desembolso inicial inferior a los dos millones de dólares para cada concesionario y la apertura de una instancia de negociación por 60 días para aprobar el inventario de los corredores y la liquidación final de los reclamos cruzados. En el caso de no llegar a un entendimiento por la liquidación final del contrato, las empresas quedarían liberadas para llevar sus reclamos a los juzgados locales y al tribunal de arbitraje internacional del CIADI.
Los cuatro corredores que vuelven a manos del Estado quedarán bajo la operación de la empresa Corredores Viales SA (CVSA), que seguirá cobrando las tarifas de peaje que fijen las autoridades de Obras Públicas.
Argentina rescinde todos los contratos de los PPP viales
La historia de los contratos para obras viales bajo la modalidad de Participación Público-Privada (PPP) se cerró con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los cuatro corredores viales restantes.
En setiembre, el Ministerio de Obras Públicas de Argentina ya había informado que se rescindió los contratos de los corredores E y F.
Los corredores viales restantes son: El corredor A, adjudicado a Paolini, Vial Agro, INC Spa (Italia) que ofertó USD 1002 millones; el corredor B a China Construction America, junto a Green S.A (USD 1175 millones), mientras que el C corresponde a José Cartellone Construcciones Civiles (USD 1086 millones), y el corredor Sur para Rovella Carranza S.A, JCR S.A., Mota-Engil (Portugal), por un monto de USD 699 millones.
El resultado final de la negociación entre el Gobierno y los concesionarios de los corredores A, B, C y Sur consiste en la firma de un “acuerdo mutuo de extinción contractual”, similar al que había suscripto a fines de setiembre el consorcio “Corredor Panamericano”, del grupo Eurnekian, informó Letra P.
Cabe destacar que hoy (30 de noviembre) vence el plazo extra que otorgó el Poder Ejecutivo para que los grupos empresarios presenten el cierre financiero, necesario para apalancar la realización de las obras comprometidas en los contratos a 15 años. Es decir, a partir del martes 1 de diciembre el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas, estaría habilitado a dar por caídos los contratos y pedir la ejecución de las garantías que cada uno de los consorcios constituyó al momento de presentar sus ofertas.
Lee también: El Salvador anuncia licitación del puente binacional Manuel José Arce
Entre los cuatro consorcios suman unos USD 450 millones en garantías. Los concesionarios ya habían advertido que la ejecución de las garantías los llevaría a la quiebra.
Por ello, las empresas que operan los corredores acudirán este lunes a Vialidad Nacional para formalizar la finalización anticipada de los PPP que, en los papeles, iban a estar vigentes hasta 2033.
De acuerdo con el medio Letra P, la extinción contractual por mutuo acuerdo que suscribirán las empresas y el Gobierno contempla la devolución parcial y condicionada de las garantías, un desembolso inicial inferior a los dos millones de dólares para cada concesionario y la apertura de una instancia de negociación por 60 días para aprobar el inventario de los corredores y la liquidación final de los reclamos cruzados. En el caso de no llegar a un entendimiento por la liquidación final del contrato, las empresas quedarían liberadas para llevar sus reclamos a los juzgados locales y al tribunal de arbitraje internacional del CIADI.
Los cuatro corredores que vuelven a manos del Estado quedarán bajo la operación de la empresa Corredores Viales SA (CVSA), que seguirá cobrando las tarifas de peaje que fijen las autoridades de Obras Públicas.
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