Argentina busca recuperar los corredores PPP

Esta semana, el Gobierno empezó a desarmar el esquema de participación público privada (PPP) montado durante la gestión de Mauricio Macri para que la obra pública sea financiada parcialmente con fondos privados. En los seis corredores viales que llegaron a adjudicarse con este sistema, luego paralizado por la disparada cambiaria de 2018, se detectaron costos financieros cercanos al 45% en dólares y un incumplimiento global de las garantías de obra. El Gobierno buscará rescindir los contratos sin costo para el Estado Nacional. El titular del Ministerio de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, recibió ayer a los enviados de las empresas a cargo de los corredores A, B, C, E, F y Sur. Los seis proyectos impulsados por la cartera de Guillermo Dietrich que prometían una inversión de USD5.400 millones en cinco años para la construcción de 3.400 km de autopistas y rutas. Sin embargo, el precio final era significativamente más elevado, ya que incluía el costo del financiamiento a 10 años de plazo: entre USD10.000 y USD13.000 millones, dependiendo del nivel del riesgo país. Una ganancia de 45% en dólares para los bancos. Antes de las reuniones, Katopodis denunció que “el modelo de las Participación Público Privada sólo estuvo pensado en beneficiar a los bancos. Respondían a un esquema financiero en detrimento de las cuentas públicas, un sobre endeudamiento para desarrollarlas, con contratos en dólares”. Los bancos involucrados en este beneficioso esquema de financiamiento fueron el Banco de Galicia, Bank of China, Banco Itaú BBA, Banco Itaú Argentina y el Banco Julius Baer. Lee también: Panamá licitará contratos de mantenimiento vial El objetivo del gobierno es rescindir los contratos sin costo para el Estado Nacional. En el encuentro que encabezaron Katopodis también participó su jefe de gabinete, Gerardo Otero;  el jefe de asesores de la Presidencia, Juan Manuel Olmos; el administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta y el gerente ejecutivo de Concesiones Viales, Eduardo Tarchinale. En esta reunión se planteó que con esos costos en dólares el cumplimiento de los contratos es imposible por parte del Estado, que por otro lado exigió una serie de informes sobre el avance de las obras por los severos incumplimientos detectados. El pasado 27 de mayo el Ministerio de Obras Públicas realizó una intimación para que las empresas realicen los descargos correspondientes. Desde el Gobierno explicaron que “en todo este período, las obras de fondo no han avanzado y las empresas no han conseguido el financiamiento para construir las autopistas. Luego de 20 meses solo se han efectuado inversiones mínimas: 1,3% del total en promedio y 4% como máximo, dependiendo del corredor del que se trate”. Los corredores viales adjudicados en 2018 a cada Unión Temporal de Empresas (UTE) son:

•  Corredor A: Abarca las Rutas N°3 y N° 226. Las obras a ejecutar estaban a cargo de Paolini Hnos SA, Vial Agro SA, INC Spa Italia.
• Corredor B: Comprende la Ruta N° 5. Las obras a ejecutar estaban a cargo de China Construction América SA junto a Green SA.
• Corredor C: Incluye la Ruta N° 7. Las obras a ejecutar estaban a cargo de José Cartellone Construcciones Civiles SA.
• Corredor E: Abarca las Rutas N° 9, 11, 34 y 193, A-008 y A-012 (Circunvalación Rosario). Las obras a ejecutar estaban a cargo de Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA, COPASA (España).
• Corredor F: Comprende la Ruta N° 9 AU Rosario-Córdoba y la Ruta N° 33. La obra a ejecutar estaba a cargo de Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA, COPASA (España).
• Corredor SUR: Incluye la AU Riccheri, AU Ezeiza-Cañuelas, las Rutas N° 3 y N° 205. Las obras a ejecutar estaban a cargo de Rovella Carranza SA, JCR SA, Mota-Engil (Portugal).

Fuente: Ámbito