El uso de la modalidad de asociación público-privada (APP), en 26 autopistas (con títulos de concesión con vencimiento en la siguiente década) puede generar hasta 120,000 millones de pesos (USD 5.450 millones) a México, aseguró la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
Cabe destacar que once de las autopistas están concesionadas a empresas privadas, una a Capufe, una al Fonadin y el resto a los gobiernos de Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, San Luis Potosí y Michoacán.
El esquema de aprovechamiento de activos carreteros permitirá reactivar el sector que se encuentra en crisis, mejorar la infraestructura del país y reducir 30% el peaje en autopistas.
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“Los recursos que pudieran obtenerse mediante alguno de estos mecanismos se destinarían a financiar las obras estratégicas que las y los gobernadores, así como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México han planteado al presidente de la República y/o para el mantenimiento de la red carretera del país”, se explica en la propuesta de la CMIC.
Ante lo atractivo y viable que resulta implementar el aprovechamiento de activos, la CMIC precisa que, para generar fuentes alternas de financiamiento de infraestructura en la actual coyuntura, se deben aprovechar “responsablemente” las diversas modalidades de asociación público-privada que permite la respectiva ley, “bajo estrictos principios de transparencia y rectoría del Estado”.
La CMIC propone tres alternativas para monetizar los flujos futuros de las autopistas:
- Ampliar el plazo de la concesión, manteniendo el mismo concesionario y monetizar (traer a valor presente con mecanismos de ingeniería financiera) parte de los flujos futuros de la concesión ampliada.
- Renovar concesiones mediante un proceso abierto, transparente y competitivo de manera que los recursos que paguen los nuevos concesionarios permitan repagar, cuando aplique, la parte correspondiente a los concesionarios originales, y generar un excedente.
- Estructura, dentro del Fonadin, un fideicomiso que emita bonos que permitan captar recursos frescos para financiar obras estratégicas o mantenimiento carretero, teniendo como fuente de repago las concesiones ampliadas o renovadas de algunos de los 26 proyectos antes referidos.