La comisión de Economía del Congreso emitió dictamen favorable para la iniciativa de ley de infraestructura vial prioritaria, con algunos cambios respecto de la original, como establecer carreteras prioritarias, aunque mantiene la modalidad de contratación propuesta.
La ley ya no se enfocará en resolver los problemas de las carreteras de todo el país, sino que comenzará con las carreteras de tipo centroamericano, por las que circula más comercio nacional e internacional. Por ejemplo, las que van de una frontera a otra y de un puerto a otro, así como el desarrollo de rutas periféricas o anillos que permitan incrementar la movilidad sin tener que circular dentro del departamento de Guatemala, explicaron los parlamentarios.
Entre las obras a incluir están la ampliación, rehabilitación, operación, mejora, uso, aprovechamiento, mantenimiento y conservación de la Ruta Centroamericana CA-1 Occidente; CA-1 Oriente; CA-2 Occidente; CA-2 Oriente; CA-8; CA-9 Norte; CA-9 Sur; CA-13 que va desde la CA-9 Norte hasta la Aduana Frontera Corinto; y la Ruta CA-14, además de carreteras perimetrales a las que se ha denominado “Anillo Metropolitano” en municipios del departamento de Guatemala; y “Anillo Regional” en departamentos aledaños al área metropolitana. Se estima que esos tramos contemplan 1500 kilómetros.
Los diputados Jorge Ayala, presidente de la Comisión, y Elmer Palencia, integrante de esa sala, expusieron que esta semana se prevé presentar el dictamen a la Dirección Legislativa del Congreso con la intención de que sea conocido por el Pleno la próxima semana. Para su aprobación, esta ley requiere 81 votos, se agregó.
Los parlamentarios explicaron que se mantiene la propuesta original de una modalidad de contratación denominada “pagos por disponibilidad”, con la que el Estado pagará a la empresa contratada, solo si tiene en buenas condiciones la infraestructura.
Palencia argumentó que no se trata de una privatización o paso con cobro de peaje, sino que el Estado pagará por cuotas y los contratos pueden ir desde 20, 25 y hasta 30 años, “con lo que se garantizaría que la empresa esté a cargo de la misma y no deje desatendidos los tramos”.
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Dirección y financiamiento
Para su operación no se tocará la institucionalidad del sector, ya que no se le modifican funciones principales ni financiamiento disponible al Ministerio de Comunicaciones, la Dirección de Caminos o Covial, pero para la administración del nuevo modelo “se establece una nueva entidad lejos de las prácticas contractuales existentes” por lo que se crearía la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), como un órgano desconcentrado del ministerio.
También se crea el Fondo para Proyectos Viales Prioritarios (FOVIP) para generar certeza en los procesos de pago y obtener recursos adecuados para el funcionamiento de la DIPP.
Así mismo, indicaron que se generará certeza en el pago de largo plazo con el desarrollo de la figura de garantías financieras. El financiamiento de las obras se hará por medio de anualidades, para lo que se necesitarán entre Q4000 millones a Q5000 millones anuales (USD 645.5 millones aproximadamente), difiriendo el pago con anualidades, según el plazo del contrato.
El presupuesto va a depender de la recaudación, pues una parte del IDP (impuesto a los derivados del petróleo) y del ISCV (impuesto sobre circulación de vehículos), así como saldos de caja, el 30% iría dirigido al FOVIP.
Ayala agregó que la ley regula los temas de derecho de vía y establece que las autoridades que deben emitir licencias o permisos tienen 60 días para aprobarlas para que no se alarguen los tiempos de forma innecesaria, y también se establecerá un silencio positivo, que consiste en que si no se manifiestan, se dará por aprobado.
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